Regional
Deputado se querelló por cuasidelito de homicidio tras megaincendio
El diputado independiente Tomás Lagomarsino, expresidente de la comisión investigadora del megaincendio de Valparaíso, ha presentado una querella criminal contra quienes resulten responsables del cuasidelito de homicidio de las 137 víctimas de la tragedia ocurrida en febrero pasado. Esta acción judicial busca determinar posibles negligencias de organismos que intervinieron en el siniestro, como la Conaf, el Senapred y la Delegación Presidencial Regional, ya que el parlamentario atribuye estas muertes a una falta de coordinación y a una tardía activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).
Lagomarsino asegura que la información recabada en la comisión especial permite concluir que había suficientes antecedentes para haber iniciado un proceso de evacuación mucho más planificado y coordinado en los sectores de Viña del Mar y Quilpué, lo que probablemente podría haber evitado el fallecimiento de las 137 víctimas fatales.
El diputado considera que es posible identificar las responsabilidades políticas y penales de varias personas que estuvieron en el Puesto de Mando Unificado (PMU). Sin embargo, destaca la necesidad de abordar el caso en sede judicial, ya que en las preguntas realizadas durante la instancia legislativa predominó el silencio de los convocados.
El abogado Felipe Olea, quien representa a más de 40 familias de las víctimas del siniestro, afirma que la querella ratifica lo que han sostenido desde un inicio, centrando la investigación en los tres imputados confesos que actualmente se encuentran en prisión preventiva por iniciar el fuego. No obstante, Olea señala que aún falta demostrar quiénes permitieron que este incendio forestal derivara en uno de carácter urbano.
Por ello, la diligencia solicitada por el diputado para tomar declaración a todos los intervinientes, desde las más altas autoridades hasta las alcaldesas Macarena Ripamonti y Valeria Melipilla, representa un esfuerzo significativo. Según Olea, estas autoridades, que buscan la reelección, aún no han rendido cuentas sobre su actuación y la responsabilidad que tienen en el fallecimiento de estas personas.
Lagomarsino asegura que la información recabada en la comisión especial permite concluir que había suficientes antecedentes para haber iniciado un proceso de evacuación mucho más planificado y coordinado en los sectores de Viña del Mar y Quilpué, lo que probablemente podría haber evitado el fallecimiento de las 137 víctimas fatales.
El diputado considera que es posible identificar las responsabilidades políticas y penales de varias personas que estuvieron en el Puesto de Mando Unificado (PMU). Sin embargo, destaca la necesidad de abordar el caso en sede judicial, ya que en las preguntas realizadas durante la instancia legislativa predominó el silencio de los convocados.
El abogado Felipe Olea, quien representa a más de 40 familias de las víctimas del siniestro, afirma que la querella ratifica lo que han sostenido desde un inicio, centrando la investigación en los tres imputados confesos que actualmente se encuentran en prisión preventiva por iniciar el fuego. No obstante, Olea señala que aún falta demostrar quiénes permitieron que este incendio forestal derivara en uno de carácter urbano.
Por ello, la diligencia solicitada por el diputado para tomar declaración a todos los intervinientes, desde las más altas autoridades hasta las alcaldesas Macarena Ripamonti y Valeria Melipilla, representa un esfuerzo significativo. Según Olea, estas autoridades, que buscan la reelección, aún no han rendido cuentas sobre su actuación y la responsabilidad que tienen en el fallecimiento de estas personas.
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