El Gobierno es culpable del caótico enrolamiento de migrantes, sostiene la derecha

El Gobierno es responsable del caos ocurrido hoy, acusó la senadora Paulina Núñez (RN) al referirse a la caótica situación que se vivió este lunes en el Estadio Víctor Jara, en el centro de Santiago, donde cerca de 3.000 personas asistieron a una convocatoria para el enrolamiento de migrantes. La situación se produjo en medio del anuncio del Ejecutivo sobre una posible regularización acotada que podría beneficiar hasta a 182 mil inmigrantes empadronados el año pasado, lo cual ha sido cuestionado por varios políticos y se considera uno de los motivos de la gran convocatoria.

Núñez advirtió que la administración del Presidente Gabriel Boric es responsable de lo ocurrido, pues, en su opinión, ha enviado una señal errada en este tema. En la misma línea, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) señaló la responsabilidad del subsecretario del Interior, Luis Cordero, a quien acusó de ser imprudente al hacer anuncios que no han sido discutidos con el Congreso. Cuando el subsecretario menciona un posible proceso de regularización, eso se traduce en casi 3.000 personas congregadas y peleándose entre ellas, lo que envía una pésima señal al mundo y genera un efecto llamada, enfatizó la parlamentaria.

Cordero respondió a las críticas, desestimando que el proyecto mencionado recientemente haya provocado un llamado a migrantes ilegales para que busquen su regularización. Algunos han denominado esto 'efecto llamada', pero esto se refiere a cuando un proceso de regularización atrae a más migrantes desde el extranjero. Algunas personas, alimentando el miedo, están confundiendo este concepto, analizó el secretario de Estado.

Cordero también señaló que algunos líderes de opinión se oponen a cualquier proceso de regularización y creen que es posible expulsar a todos los migrantes en el país. Esto ha generado temor y confusión sobre lo que implica un proceso de regularización frente a la gestión de trámites ante el Registro Civil, cuestionó.

Por otro lado, diputados de RN presentaron un requerimiento a la Contraloría para revisar los criterios de regularización propuestos por el Ejecutivo, que incluyen requisitos de arraigo familiar o laboral y antecedentes penales limpios. Estamos denunciando varias ilegalidades que estaría cometiendo el Gobierno, planteó Andrés Longton, comenzando por el hecho de que la Ley de Migración establece claramente que ingresar por pasos clandestinos es ilegal y conlleva sanciones. Además, piden arraigo laboral, pero quienes ingresan ilegalmente no pueden trabajar, lo que tiene sanciones específicas para los empleadores. ¿Cómo podemos confiar en una dictadura como la de Maduro respecto a la transparencia de sus antecedentes?, alertó el opositor.

La ministra vocera, Camila Vallejo, abordó la situación, cuestionando: ¿Cómo puede ser ilegal algo que es simplemente un estudio?. Aclaró que la regularización no es un acto administrativo aún, sugiriendo que la inquietud proviene de los propios parlamentarios que han presentado este recurso ante la Contraloría, más allá de la legitimidad de su acción.