Entretencion
Denuncia contra Maite Orsini sacude al Frente Amplio.
La dirección regional metropolitana del Frente Amplio ha presentado una denuncia ante el tribunal regional del partido, solicitando la expulsión de la diputada Maite Orsini. Esta acción se basa en cuatro hechos que, según los dirigentes locales, son contrarios a los principios y valores de la colectividad.
Según informó La Tercera PM, el documento, que consta de cuatro páginas, fue emitido el miércoles 11 de diciembre y fue declarado admisible por el tribunal regional la noche del jueves 12.
El primer hecho señalado corresponde a una llamada telefónica que Orsini realizó en marzo de 2023 a la general inspectora de Carabineros, Karina Soza. Durante esta conversación, la diputada justificó su acción al señalar que buscaba informar sobre una denuncia que serÃa presentada por una persona de alto perfil público, en alusión al exfutbolista Jorge Valdivia.
El segundo hecho, revelado en diciembre de este año, involucra un intento de Orsini de comunicarse con el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, para pedirle que ofreciera disculpas públicas por haber cuestionado la llamada a Soza.
El tercer punto se refiere al contacto que Orsini tuvo en noviembre de este año con la denunciante de Valdivia, después de que el exfutbolista fuera formalizado por violación.
Finalmente, el cuarto hecho incluye conversaciones entre Orsini y la fiscal Lorena Parra, quien investiga la denuncia contra Valdivia.
La dirección regional del Frente Amplio argumenta que estos actos contravienen los principios del partido feminista y atentan contra la probidad, conforme al artÃculo 1 de su estatuto. La denuncia sostiene que los hechos desconocen la vulnerabilidad de la vÃctima, quien ha decidido avanzar en un procedimiento penal y que, además, es una figura pública.
Se enfatiza que un partido que se define como feminista debe respetar la privacidad de la vÃctima y evitar la revictimización secundaria a través de acciones que la expongan innecesariamente. Además, la Ley 21.523, conocida como Ley Antonia, establece mejoras en las garantÃas procesales para las vÃctimas de delitos sexuales con el fin de evitar su revictimización.
La misiva argumenta que realizar llamados directos a la vÃctima en calidad de autoridad, la difusión de dichas conversaciones en redes sociales y el contacto con una fiscal para interceder en favor de un imputado formalizado por violación son acciones que pueden ser consideradas intimidatorias y que fomentan la victimización secundaria, constituyendo una manifestación de violencia de género. Esto, según el artÃculo 1 del estatuto, puede resultar en sanciones graves, incluida la expulsión.
Según informó La Tercera PM, el documento, que consta de cuatro páginas, fue emitido el miércoles 11 de diciembre y fue declarado admisible por el tribunal regional la noche del jueves 12.
El primer hecho señalado corresponde a una llamada telefónica que Orsini realizó en marzo de 2023 a la general inspectora de Carabineros, Karina Soza. Durante esta conversación, la diputada justificó su acción al señalar que buscaba informar sobre una denuncia que serÃa presentada por una persona de alto perfil público, en alusión al exfutbolista Jorge Valdivia.
El segundo hecho, revelado en diciembre de este año, involucra un intento de Orsini de comunicarse con el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, para pedirle que ofreciera disculpas públicas por haber cuestionado la llamada a Soza.
El tercer punto se refiere al contacto que Orsini tuvo en noviembre de este año con la denunciante de Valdivia, después de que el exfutbolista fuera formalizado por violación.
Finalmente, el cuarto hecho incluye conversaciones entre Orsini y la fiscal Lorena Parra, quien investiga la denuncia contra Valdivia.
La dirección regional del Frente Amplio argumenta que estos actos contravienen los principios del partido feminista y atentan contra la probidad, conforme al artÃculo 1 de su estatuto. La denuncia sostiene que los hechos desconocen la vulnerabilidad de la vÃctima, quien ha decidido avanzar en un procedimiento penal y que, además, es una figura pública.
Se enfatiza que un partido que se define como feminista debe respetar la privacidad de la vÃctima y evitar la revictimización secundaria a través de acciones que la expongan innecesariamente. Además, la Ley 21.523, conocida como Ley Antonia, establece mejoras en las garantÃas procesales para las vÃctimas de delitos sexuales con el fin de evitar su revictimización.
La misiva argumenta que realizar llamados directos a la vÃctima en calidad de autoridad, la difusión de dichas conversaciones en redes sociales y el contacto con una fiscal para interceder en favor de un imputado formalizado por violación son acciones que pueden ser consideradas intimidatorias y que fomentan la victimización secundaria, constituyendo una manifestación de violencia de género. Esto, según el artÃculo 1 del estatuto, puede resultar en sanciones graves, incluida la expulsión.
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