Regional
Prisión Preventiva para 44 Integrantes de Banda de Préstamos Ilegales
Cuarenta y cuatro miembros de la banda criminal conocida como La Empresa, de los cuales 43 son colombianos, han sido sometidos a prisión preventiva tras ser acusados de realizar préstamos informales y de lavar activos. Según información policial, esta organización tiene su sede en Cali, Colombia, y ha estado operando desde 2020 en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, así como en otros países de América Latina.
La banda ha registrado movimientos bancarios que superan los 6.500 millones de pesos a través de prácticas de usura. Hasta el momento, se han contabilizado 30 víctimas, y se les ha acusado de 181 préstamos con tasas de interés que alcanzan hasta el 40%. Algunas personas han sido amenazadas o acosadas para que salden sus deudas.
La justicia formalizó la detención de los 44 imputados el pasado viernes, enfrentando cargos de asociación ilícita y usura reiterada, de los cuales 13 también están acusados de lavado de activos. El fiscal Pablo Avendaño indicó que se está a la espera de un informe pericial sobre las cuentas bancarias de los acusados y anticipó que en los próximos meses podría haber una reformalización de la investigación, incluyendo nuevos hechos y potencialmente nuevos imputados.
“Hasta ahora solo hemos podido tomar declaraciones a cerca de 30 víctimas, en un carácter reservado. Estamos en el proceso de analizar la documentación incautada para identificar más víctimas y seguir contactándolas”, declaró el fiscal.
Por su parte, la jueza Silvia Quintana dictó prisión preventiva por seis meses de investigación para los 44 imputados, debido al riesgo de fuga y la posibilidad de obstrucción a la justicia. El Ministerio Público ha señalado que ha habido contactos entre los imputados y otros miembros de la organización que aún no han sido detenidos. La magistrada subrayó el evidente peligro de fuga, considerando el poder económico de la banda y su capacidad de seguir operando tras las detenciones, así como la ubicación del líder máximo en otro país.
Además, se ha revelado que La Empresa contaba con una diversificación en sus actividades, una forma de vestir y un comportamiento ético predeterminado. La organización también utilizaba criptomonedas y depósitos a nombre de personas sin ingresos suficientes para lavar dinero.
La banda ha registrado movimientos bancarios que superan los 6.500 millones de pesos a través de prácticas de usura. Hasta el momento, se han contabilizado 30 víctimas, y se les ha acusado de 181 préstamos con tasas de interés que alcanzan hasta el 40%. Algunas personas han sido amenazadas o acosadas para que salden sus deudas.
La justicia formalizó la detención de los 44 imputados el pasado viernes, enfrentando cargos de asociación ilícita y usura reiterada, de los cuales 13 también están acusados de lavado de activos. El fiscal Pablo Avendaño indicó que se está a la espera de un informe pericial sobre las cuentas bancarias de los acusados y anticipó que en los próximos meses podría haber una reformalización de la investigación, incluyendo nuevos hechos y potencialmente nuevos imputados.
“Hasta ahora solo hemos podido tomar declaraciones a cerca de 30 víctimas, en un carácter reservado. Estamos en el proceso de analizar la documentación incautada para identificar más víctimas y seguir contactándolas”, declaró el fiscal.
Por su parte, la jueza Silvia Quintana dictó prisión preventiva por seis meses de investigación para los 44 imputados, debido al riesgo de fuga y la posibilidad de obstrucción a la justicia. El Ministerio Público ha señalado que ha habido contactos entre los imputados y otros miembros de la organización que aún no han sido detenidos. La magistrada subrayó el evidente peligro de fuga, considerando el poder económico de la banda y su capacidad de seguir operando tras las detenciones, así como la ubicación del líder máximo en otro país.
Además, se ha revelado que La Empresa contaba con una diversificación en sus actividades, una forma de vestir y un comportamiento ético predeterminado. La organización también utilizaba criptomonedas y depósitos a nombre de personas sin ingresos suficientes para lavar dinero.
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