SIP advierte sobre restricciones judiciales que afectan la libertad de prensa en Chile

Varios proyectos de ley en Chile que limitan la labor informativa y establecen restricciones sobre la publicación de procesos judiciales representan los principales desafíos para los medios de comunicación en su esfuerzo por informar y garantizar la transparencia. Esta preocupación fue destacada en un informe pendiente de aprobación que se presentó durante la 80ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Córdoba, Argentina.

El informe señala que las preocupaciones más relevantes para la libertad de prensa en este periodo provienen de propuestas legislativas que restringen la labor informativa. Se menciona que entre agosto y septiembre se completó la tramitación de una nueva Ley de Protección de Datos Personales, inspirada en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que introduce cambios significativos para fortalecer la privacidad de los individuos. Esta ley crea la Agencia de Protección de Datos Personales y amplía los derechos de los titulares, incluyendo la portabilidad y el bloqueo temporal. En este contexto, los medios deben prestar especial atención a los datos sensibles, obtener el consentimiento para fines no informativos y designar un delegado de protección de datos. La SIP advierte que los infractores podrían enfrentarse a sanciones.

Además, se ha observado una tendencia continua en algunos tribunales, especialmente en el ámbito penal, a imponer restricciones en la publicación de procesos, a pesar de que hace más de 20 años se estableció que la amplia publicidad de los juicios es una garantía de control ciudadano sobre el poder jurisdiccional. Aunque la ley permite excepciones, como la prohibición de publicar los nombres de menores en juicios penales por delitos sexuales, también se suele restringir la divulgación de nombres o imágenes de imputados en procesos penales, argumentando que esto podría afectar el principio de presunción de inocencia.

El informe también lamenta el aumento de casos de prohibición de informar sobre delitos de corrupción y lavado de activos, bajo el argumento de que la información periodística podría comprometer el éxito de las investigaciones del Ministerio Público. Un ejemplo notable es el diario La Tercera, que logró, mediante un recurso de amparo, revertir una prohibición de informar sobre un caso en el que se condenó al padre de un senador por delitos de abuso sexual.

Asimismo, se abordó el proyecto de ley sobre lobby, que ha generado preocupación ya que cualquier declaración pública podría ser considerada como actividad de lobby, restringiendo así la libertad de asociación y el derecho de petición. Este proyecto impone obligaciones a los medios en relación con las comunicaciones pagadas, lo que podría suponer una limitación a la libertad de expresión y representar censura previa.

La SIP es una organización dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en las Américas, con el objetivo de proteger la libertad de prensa, promover el derecho a la información y salvaguardar los intereses de los medios de comunicación, entre otros.