18-O: Cinco años de impunidad en el balance del INDH sobre la violencia estatal.

El 18 de octubre de 2019, Chile experimentó una jornada histórica que marcó la agenda política durante los meses y años posteriores, dando inicio al denominado estallido social. Este proceso polarizador estuvo caracterizado por protestas sociales, algunas pacíficas y otras marcadas por la violencia, así como por un cuestionado control policial y militar sobre el orden público, lo que derivó en una crisis de violaciones a los derechos humanos.

A cinco años de esos acontecimientos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un balance sobre las causas judiciales iniciadas contra funcionarios policiales y militares entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Se registraron 3.233 querellas que afectaron a un total de 3.828 víctimas, incluyendo 237 personas con traumas oculares y siete fallecidos. Sin embargo, hasta julio de 2024, solo se han dictado 42 sentencias condenatorias, lo que ha llevado a la directora regional metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, a calificar la situación como un claro signo de impunidad.

Esta problemática es alarmante, ya que se repite en otras regiones del país. En la Región Metropolitana, de las 1.383 querellas presentadas, solo se han emitido 11 sentencias condenatorias. ¿Qué nos indica esta situación y por qué es motivo de preocupación para el INDH? Estamos ante una manifestación de impunidad, afirmó Contreras. A cinco años de los hechos, no puede ser que la respuesta judicial sea tan insuficiente, agregó la funcionaria.

Desde el INDH también se criticó la falta de iniciativas legislativas en el Congreso que busquen una reparación integral para las víctimas del 18-O, en conformidad con estándares internacionales. En su balance, el INDH destacó que solo hay 42 sentencias condenatorias ejecutoriadas en casos de violaciones a los derechos humanos.

La senadora Fabiola Campillai, quien sufrió una grave herida ocular a causa de un disparo de carabina lanzagases por parte de Carabineros, convocó a una mesa por la vida digna. Su objetivo es desarrollar un proyecto de ley de reparación para las víctimas de la violencia estatal. Tal como anunciamos esta mañana, hemos conformado una Mesa de DD.HH. por una Vida Digna, con la que hemos estado trabajando en la elaboración de un proyecto de ley de reparación integral, expresó Campillai.

REFLEXIONES DEL MUNDO POLÍTICO

En este nuevo aniversario del estallido social, diversos actores políticos reflexionaron sobre la situación actual. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición, se presentaron propuestas para avanzar en la construcción de acuerdos sin recurrir a la violencia. Durante la semana, un grupo de figuras de distintos sectores firmó una declaración conjunta en la que se rechaza el uso de la violencia como medio para generar cambios, comprometiéndose a respetar el Estado de Derecho en la búsqueda de una convivencia pacífica y a impulsar cambios sociales y crecimiento económico.

El senador Ricardo Lagos Weber, del PPD, quien respaldó la mencionada declaración, manifestó que las demandas que originaron el 18-O siguen vigentes, pero lamentó que no se haya avanzado. No se puede validar la violencia como herramienta política en ningún caso, afirmó.

Por su parte, Chile Vamos se reunió en una jornada donde los líderes de los partidos y candidatos a las elecciones municipales del 26 y 27 de octubre criticaron los niveles de violencia de la llamada revuelta. No voy a negar que existe un malestar, porque sé que hay impotencia, frustración y una sensación de injusticia en amplios sectores de la población. Sin embargo, quiero ser claro: el estallido no resolvió ninguno de esos problemas, declaró el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI.