Regional
Minvu notifica demolición a ocupantes de toma en Quilpué
La Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso notificó a los ocupantes del terreno tomado en Quilpué, que pertenece a la familia de Alejandro Correa, asesinado en 2020 por un sicario, sobre la orden judicial de demolición de las construcciones levantadas en el lugar.
La orden de demolición fue emitida debido al incumplimiento de la normativa urbanística y al riesgo que enfrentan las familias al estar ubicadas en una zona de peligro, según explicó la seremi Belén Paredes. Es importante destacar que hemos sostenido dos reuniones con las familias ocupantes. La primera se realizó el 27 de septiembre, donde se dio a conocer la resolución y la fecha de notificación. Asimismo, el 8 de octubre se llevó a cabo una mesa de trabajo intersectorial con las familias, el municipio y Serviu Valparaíso, con el objetivo de conocer la situación de los ocupantes y buscar vías de solución, agregó la autoridad.
Jeanette Bruna, abogada de la familia Correa, comentó que esta acción cumple con la primera parte de lo ordenado por la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso a la Seremi de Vivienda. La segunda parte es ejecutar la demolición propiamente tal, y esperamos que esto se realice en el plazo más breve posible, utilizando los fondos que tiene Serviu para el cumplimiento de la sentencia, añadió la jurista. Además, Bruna indicó que han solicitado una audiencia de lobby con la delegada presidencial regional para conocer la planificación del apoyo de la fuerza pública en caso de que no se produzca un abandono voluntario por parte de las familias.
Desde la fecha de notificación, la Seremi de Vivienda indicó que existe un plazo de 10 días para interponer una reclamación judicial ante el Juzgado de Letras de Quilpué en tramitación sumaria contra la orden de demolición, acción que puede ser realizada tanto por el propietario del inmueble como por los ocupantes.
La orden de demolición fue emitida debido al incumplimiento de la normativa urbanística y al riesgo que enfrentan las familias al estar ubicadas en una zona de peligro, según explicó la seremi Belén Paredes. Es importante destacar que hemos sostenido dos reuniones con las familias ocupantes. La primera se realizó el 27 de septiembre, donde se dio a conocer la resolución y la fecha de notificación. Asimismo, el 8 de octubre se llevó a cabo una mesa de trabajo intersectorial con las familias, el municipio y Serviu Valparaíso, con el objetivo de conocer la situación de los ocupantes y buscar vías de solución, agregó la autoridad.
Jeanette Bruna, abogada de la familia Correa, comentó que esta acción cumple con la primera parte de lo ordenado por la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso a la Seremi de Vivienda. La segunda parte es ejecutar la demolición propiamente tal, y esperamos que esto se realice en el plazo más breve posible, utilizando los fondos que tiene Serviu para el cumplimiento de la sentencia, añadió la jurista. Además, Bruna indicó que han solicitado una audiencia de lobby con la delegada presidencial regional para conocer la planificación del apoyo de la fuerza pública en caso de que no se produzca un abandono voluntario por parte de las familias.
Desde la fecha de notificación, la Seremi de Vivienda indicó que existe un plazo de 10 días para interponer una reclamación judicial ante el Juzgado de Letras de Quilpué en tramitación sumaria contra la orden de demolición, acción que puede ser realizada tanto por el propietario del inmueble como por los ocupantes.
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