Propuesta del Gobierno: Pobladores de San Antonio Comprarán Terrenos y Luego Regularizarán

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha propuesto una fórmula para la regularización de las tomas en los cerros La Virgen y Centinela, en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, ante la inminente llegada del plazo de desalojo impuesto por la Corte Suprema. A fines de marzo, el máximo tribunal respaldó un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordena el desalojo forzoso de este asentamiento, que alberga a aproximadamente 3,000 familias, es decir, cerca de 10,000 personas, en un terreno de 260 hectáreas que ha impedido la construcción del acceso norte al puerto local, según lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.

Todos los ocupantes deben abandonar el inmueble, disponiendo de un máximo de seis meses desde que la sentencia quede ejecutoriada, retirando del lugar sus enseres y construcciones. El plazo vence el 6 de noviembre, por lo que el Minvu está instando a los habitantes de esta megatoma a organizarse en cooperativas con el objetivo de adquirir los lotes de terreno al dueño privado y, posteriormente, acceder a un programa de urbanización.

Desde la Seremi de Vivienda de Valparaíso, se indicó que una opción discutida con los dirigentes de la toma es permitir que cooperativas de vivienda adquieran el terreno. Una vez resuelto el tema de la propiedad, el Estado podría intervenir con sus programas de urbanización y otros recursos. La Seremi subrayó que es fundamental analizar todas las soluciones posibles, aunque el Estado y el Ministerio no pueden comprar terrenos que están en toma.

Felipe Olea, abogado de una agrupación de habitantes del lugar, expresó su conformidad con la idea de que las personas puedan financiar, con sus propios recursos, los lotes, cuyo costo podría oscilar entre 12 y 14 millones de pesos, quedando como deudores ante el Estado, con facilidades de pago de hasta 30 años.

Sin embargo, el abogado de los propietarios del terreno tomado, Diego Pereira, comentó que los dueños exigen que la negociación sea con el Estado, ya que no desean tratar con las personas a quienes tienen querelladas por cometer delitos. Pereira añadió que este mes formalizaron las querellas y que la orden de desalojo dictada por la Suprema se activará tan pronto como el Estado firme la promesa de compraventa.

El urbanista Sergio Baeriswyl advirtió en El Mercurio que la situación está siendo observada por miles de personas y que lo que ocurra en este contexto marcará un precedente en la política pública de acceso a la vivienda. Si se insiste en beneficiar a esta toma en particular, todos los campamentos exigirán el mismo trato por parte del Estado. Esto validaría un modelo que debilita los conductos regulares y transforma las tomas en el sistema más rápido de acceso a la vivienda, aseveró.

En línea con esto, el investigador asociado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus), Javier Ruiz-Tagle, indicó que estas intervenciones podrían incentivar de manera perversa que más personas se tomen terrenos.