Nacional
Aspectos esenciales de la nueva Ley Antiterrorista
El miércoles, el Congreso aprobó y despachó la nueva ley antiterrorista, que recibió un amplio respaldo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, algunos sectores del oficialismo ya han anticipado que llevarán ciertos aspectos de esta ley ante el Tribunal Constitucional. Desde su llegada al poder, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha rechazado constantemente la aplicación de la normativa anterior, argumentando que era prácticamente inaplicable. Ahora, La Moneda afirma que contará con una herramienta más efectiva, moderna y eficiente para combatir los delitos terroristas.
La nueva ley, presentada en el Congreso en agosto de 2023, sanciona la asociación terrorista y establece delitos y penas proporcionales al grado de implicación en la organización terrorista. Entre sus caracterÃsticas más relevantes, destaca que no requerirá como único elemento de prueba la demostración de un acto terrorista, un requisito que resultaba excesivamente complejo de acreditar; en cambio, contempla diversos elementos de prueba.
Además, permite perseguir y sancionar a los integrantes de una asociación terrorista únicamente por su pertenencia a ella, con penas que van desde cinco hasta quince años de cárcel. Si los miembros del grupo cometen otros delitos, las penas se acumularán. También se sanciona la colaboración con un grupo terrorista y el financiamiento de actividades terroristas.
La ley define la asociación terrorista como toda organización compuesta por tres o más personas que, de manera sostenida, busquen perpetrar determinados delitos con el objetivo de socavar o desestabilizar las estructuras polÃticas, sociales o económicas del Estado democrático. Se considerará un delito terrorista cuando se persigan los siguientes objetivos: socavar o desestabilizar las estructuras polÃticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir decisiones a una autoridad estatal; o someter o desmoralizar a la población civil, ya sea actuando directamente o mediante terceros. En tales casos, se impondrá al responsable una pena aumentada en un grado.
La lista de delitos sancionados es extensa, e incluye el secuestro o sustracción de niños, homicidios, lesiones, incendios o destrucción con riesgo para las personas. La nueva legislación también establece penas de presidio perpetuo calificado para quienes atenten contra la vida de las máximas autoridades del paÃs; si las vÃctimas sobreviven, la pena será de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Asimismo, se castiga a quienes coloquen, envÃen, activen, arrojen, detonen o hagan explotar bombas o artefactos explosivos o incendiarios. Otras infracciones penalizadas incluyen la recolección de fondos y la conspiración para cometer delitos terroristas, asà como la difusión pública de mensajes que inciten a cometer tales actos. Las sanciones se agravan si el autor es un empleado público que actúa en el ejercicio de su cargo.
La ley también permite el uso de técnicas especiales de investigación para delitos terroristas, como la interceptación de comunicaciones, el registro de equipos informáticos, la captura subrepticia de imágenes o sonidos, el uso de agentes encubiertos e informantes, y las entregas vigiladas. La interceptación de comunicaciones mediante el sistema IMSI Catcher fue uno de los puntos más debatidos en la discusión parlamentaria, aunque la comisión mixta limitó su uso a la obtención de metadatos, ubicación e identificación del dispositivo telefónico, sin acceder al contenido de las comunicaciones. Sin embargo, se amplió el ámbito de aplicación de la norma a delitos de la ley de drogas, ley de control de armas y explosivos, y asociación ilÃcita, siempre que impliquen penas de crimen.
Los registros obtenidos que sean irrelevantes para la investigación deberán ser eliminados. La comisión mixta también especificó que el Fiscal Nacional será responsable de los procedimientos de almacenamiento, conservación y destrucción segura de los registros obtenidos. Finalmente, el uso indebido de estas facultades conllevará responsabilidades penales.
La nueva ley, presentada en el Congreso en agosto de 2023, sanciona la asociación terrorista y establece delitos y penas proporcionales al grado de implicación en la organización terrorista. Entre sus caracterÃsticas más relevantes, destaca que no requerirá como único elemento de prueba la demostración de un acto terrorista, un requisito que resultaba excesivamente complejo de acreditar; en cambio, contempla diversos elementos de prueba.
Además, permite perseguir y sancionar a los integrantes de una asociación terrorista únicamente por su pertenencia a ella, con penas que van desde cinco hasta quince años de cárcel. Si los miembros del grupo cometen otros delitos, las penas se acumularán. También se sanciona la colaboración con un grupo terrorista y el financiamiento de actividades terroristas.
La ley define la asociación terrorista como toda organización compuesta por tres o más personas que, de manera sostenida, busquen perpetrar determinados delitos con el objetivo de socavar o desestabilizar las estructuras polÃticas, sociales o económicas del Estado democrático. Se considerará un delito terrorista cuando se persigan los siguientes objetivos: socavar o desestabilizar las estructuras polÃticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir decisiones a una autoridad estatal; o someter o desmoralizar a la población civil, ya sea actuando directamente o mediante terceros. En tales casos, se impondrá al responsable una pena aumentada en un grado.
La lista de delitos sancionados es extensa, e incluye el secuestro o sustracción de niños, homicidios, lesiones, incendios o destrucción con riesgo para las personas. La nueva legislación también establece penas de presidio perpetuo calificado para quienes atenten contra la vida de las máximas autoridades del paÃs; si las vÃctimas sobreviven, la pena será de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Asimismo, se castiga a quienes coloquen, envÃen, activen, arrojen, detonen o hagan explotar bombas o artefactos explosivos o incendiarios. Otras infracciones penalizadas incluyen la recolección de fondos y la conspiración para cometer delitos terroristas, asà como la difusión pública de mensajes que inciten a cometer tales actos. Las sanciones se agravan si el autor es un empleado público que actúa en el ejercicio de su cargo.
La ley también permite el uso de técnicas especiales de investigación para delitos terroristas, como la interceptación de comunicaciones, el registro de equipos informáticos, la captura subrepticia de imágenes o sonidos, el uso de agentes encubiertos e informantes, y las entregas vigiladas. La interceptación de comunicaciones mediante el sistema IMSI Catcher fue uno de los puntos más debatidos en la discusión parlamentaria, aunque la comisión mixta limitó su uso a la obtención de metadatos, ubicación e identificación del dispositivo telefónico, sin acceder al contenido de las comunicaciones. Sin embargo, se amplió el ámbito de aplicación de la norma a delitos de la ley de drogas, ley de control de armas y explosivos, y asociación ilÃcita, siempre que impliquen penas de crimen.
Los registros obtenidos que sean irrelevantes para la investigación deberán ser eliminados. La comisión mixta también especificó que el Fiscal Nacional será responsable de los procedimientos de almacenamiento, conservación y destrucción segura de los registros obtenidos. Finalmente, el uso indebido de estas facultades conllevará responsabilidades penales.
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